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La Procuraduría General de la Nación ordenó separar de sus funciones como personero de La Estrella, a Luis Alberto Cardona Sánchez, durante las elecciones del próximo 29 de octubre y hasta el final del proceso electoral.
La entidad tomó la decisión luego de encontrar justificada la recusación hecha en contra de dicho servidor púbico, por su presunta cercanía con la candidata a la Alcaldía, Liliana María Ramírez Quintero, prima del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Según el Ministerio Público, para sustentar su decisión cuentan con varias fotografías y videos publicados en redes sociales durante la campaña electoral, en las que siete contratistas por prestación de servicios, contratados por el personero Cardona Sánchez, que trabajan para la Personería Municipal, con contratos vigentes, al mismo tiempo participan activa y públicamente en esa campaña a la Alcaldía, ejerciendo labores de ministerio público.
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Para asumir las funciones del personero suspendido, la Procuraduría Regional Antioquia designó temporalmente a la procuradora provincial del Valle de Aburrá, Luisa Fernanda Barrios Molina.
Capturas
Por otro lado, la Policía capturó a cuatro personas en este mismo municipio, sur del valle de Aburrá, por instalar presuntamente pasacalles que relacionaban a una candidata a la Alcaldía de este municipio, con el ex alcalde de Medellín Daniel Quintero. Se trata de Liliana Ramírez, prima del exalcalde de Medellín.
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Según las autoridades, los procesados se movilizaban en una van, donde llevaban la publicidad. Las cuatro personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes.
Por otro lado, de 3170 quejas electorales ante la Procuraduría, Antioquia presenta 281, las denuncias están relacionadas en su mayoría con intervención en política en su noveno informe.
La Comisión Disciplinaria Especial señaló que en Antioquia se presentan 281 quejas, por intervención en política, constreñimiento electoral, propaganda electoral, compra y tráfico de votos. Cundinamarca ocupa el primer lugar con 561 denuncias, seguido de Santander con 338.
De las 3170 quejas, 636 denuncias involucran a funcionarios públicos, 320 denuncias son contra particulares, 244 contra servidores de elección popular y 133 incluyen a funcionarios de la registraduría nacional.
