SuperTransporte lanza ofensiva contra lavado de activos en el sector transportador

La Superintendencia de Transporte redobló sus esfuerzos en la lucha contra delitos financieros en el sector.

Lo anterior, con la puesta en marcha de un nuevo Comité de Supervisión para vigilar el cumplimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), así como de los programas de transparencia y ética empresarial (PTEE).

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Con esta medida, respaldada por la Resolución 10688, la entidad busca cerrar el cerco a las operaciones ilegales en empresas de transporte, que podrían ser utilizadas como fachada para delitos como el contrabando y el narcotráfico.

Además, la SuperTransporte viene adelantando una serie de acciones que incluyen la expedición de normas, modernización de sus procesos internos y adopción de herramientas tecnológicas de supervisión.

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Durante 2025, ya se han realizado 25 jornadas de capacitación presenciales y virtuales, dirigidas a más de 5.200 actores del sector, con el fin de socializar los requisitos del sistema SARLAFT.

También se activó un micrositio especializado en su página web y se integró un módulo en la plataforma de vigilancia Vigia 2, que permite registrar y hacer seguimiento a los oficiales de cumplimiento designados por las empresas.

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A esto se suma la vinculación de la SuperTransporte al sistema Sirel, que permite monitorear los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), y la firma de un convenio con esta misma entidad. También se formalizó una alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), para reforzar la cooperación internacional.

Además, se diseñó un plan piloto para ejercer vigilancia focalizada en aeropuertos y terminales, donde suelen detectarse operaciones relacionadas con delitos fuente del lavado de activos.

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Con esta batería de medidas, el ente regulador busca blindar al sector transporte contra prácticas ilícitas, mientras acompaña a las empresas en el cumplimiento normativo, reduciendo el riesgo de sanciones y mejorando la cultura de legalidad en una industria clave para el país.