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AFP
26 Nov 2020 10:04 AM

Superindustria lanza ultimátum a Zoom para reforzar protección de datos

El organismo estableció que la plataforma administra los datos de más de 17 millones de usuarios colombianos.
Martha Olaya
Martha
Olaya
@Marthaolaya1

Tras evidenciar falencias en las protecciones de los datos personales de usuarios colombianos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), le dio un plazo de cuatro meses a la plataforma de video Zoom para redoblar la seguridad, teniendo en cuenta que en medio de la pandemia se incrementó el uso de esta aplicación.

Para este fin, la plataforma deberá presentar una certificación emitida por una entidad, nacional o extranjera, independiente y especializada en temas de seguridad de la información.

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La SIC explicó que esta decisión se tomó tras una investigación administrativa iniciada desde el pasado 14 de abril, en la cual se pudo establecer que Zoom administra los datos personales de 17 millones de usuarios colombianos que sostuvieron reuniones entre el 1° y el 28 de abril de 2020.

Según la Superindustria, “aunque Zoom ha adoptado medidas para mejorar sus niveles de seguridad aún existen algunas falencias”.

Igualmente, el organismo de vigilancia encontró además que los servicios de la plataforma Zoom, que incluyen conferencia remota, reuniones en línea, chat y colaboración móvil, se dispararon en el último trimestre, pasando de diez millones de usuarios, a finales de 2019, a más de 200 millones en la actualidad, según la Revista Forbes.

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En la investigación a la plataforma, anunciada por la SIC el pasado 24 de abril, también encontró cuestionamientos sobre aspectos de seguridad y privacidad de la plataforma tecnológica que ofrece Zoom, “tales como los que expuso recientemente el profesor de la Universidad de Harvard, y experto en seguridad digital, Bruce Schneier, quien ha manifestado que “los problemas de Zoom se dividen en tres grandes categorías: (1) malas prácticas de privacidad, (2) malas prácticas de seguridad y (3) malas configuraciones de usuario”.

Finalmente, la SIC advirtió que el incumplimiento de estas órdenes acarrea investigaciones administrativas y sancionatorias, además de multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.