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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso administrativo contra Uber, Didi y Cabify por posibles violaciones a las normativas de competencia justa y equitativa.
Este pliego de cargos anunciado por la SIC busca determinar si las empresas investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector.
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“Las investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte, al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados”, indicó la Sic.
La Superintendencia argumenta que estas plataformas harían posible la prestación de los servicios y se encargaría de determinar aspectos fundamentales como el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma y la determinación de los ingresos de los conductores.
“El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas”, señaló la Superintendencia.
La Superintendencia también expresó preocupación por la seguridad e integridad de los usuarios, ya que la infracción podría poner en riesgo estas condiciones, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio.
“Con este ejercicio la autoridad de competencia invita a una discusión abierta y transparente dirigida a construir y entender las dinámicas del mercado desde todas las perspectivas relevantes para generar soluciones que beneficien a todos los involucrados y, principalmente, a los consumidores”, afirmó la Superintendencia.
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Para garantizar los derechos de los investigados, la Superintendencia de Industria y Comercio inició tres investigaciones separadas para cada una de las plataformas. Si se comprueban las conductas imputadas, la Superintendencia podrá imponer a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 SMLMV.
