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Tras conocerse que el gobierno le pidió la renuncia a Claudia Salcedo, la funcionaria que reveló los costos de las aspersiones aéreas con glifosato, controvirtiendo los datos que manejó públicamente el ministro de Defensa durante una audiencia en la Corte Constitucional, en La FM nos pusimos en la tarea de determinar cuánto cuestan realmente las aspersiones aéreas con el herbicida asociado al cáncer.
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En los días posteriores a la audiencia pública sobre el glifosato en la Corte, no hubo una respuesta oficial del gobierno respecto a los costos ambiguos que provocaron la salida de la entonces directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Claudia Salcedo, quien respondió oficialmente en 2018 que una hectárea asperjada con aeronaves costaba 72 millones de pesos: 36 veces más que la cifra que le dio el ministro de Defensa, Guillermo Botero, al magistrado Alejandro Linares.
"El costo se estima en una cuarta parte de lo que puede costar la erradicación y las erradicaciones tienen unos costos, dependiendo de los mecanismos que se utilicen, entre 4 y 6 millones, llegando algunas veces hasta los 8 millones. Osea que estamos hablando de una cuarta parte: una suma superior a los 2 millones de pesos", dijo el ministro Botero durante la audiencia en la que el magistrado Linares insistió en que asperjar una hectárea desde el aire cuesta aproximadamente 100 millones de pesos.
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Pues bien, el Ministerio de Defensa ha respondido un derecho de petición a La FM en el que ilustra que, para el gobierno nacional, la alternativa más económica ha sido la aspersión aérea con glifosato. Según Mindefensa, rociar glifosato en aeronaves cuesta, con nómina incluida, 3.13 millones de pesos por hectárea. Sin nómina cuesta 2.36 millones. Según el Ministerio, la erradicación manual de cultivos que ejecuta la fuerza pública cuesta 8 millones de pesos con nómina incluida. Y la aspersión terrestre con glifosato, en la que se tienen en cuenta los drones, está en 3.9 millones de pesos con nómina.
"Los grupos manuales de erradicación en el país pueden estar erradicando al día entre 2 y 3 hectáreas. La aspersión puede producir un efecto entre 120 y 150 hectáreas al día. la erradicación manual es 2.65 veces más costosa que la erradicación aérea con aspersión", dijo en su momento el presidente Iván Duque.
El bajo costo en la aspersión aérea del que habla el gobierno Duque es relativo, pues, por citar un ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos advierte que las aspersiones aéreas representaron un alto costo, sin mayor efectividad para el Estado, en su libro 'La Batalla por la Paz'. También lo dijo el centro de pensamiento DeJusticia, a través de su subdirectora Diana Rodríguez. "Cuesta más una hectárea erradicada de manera aérea que a través del programa de sustitución (...) cuesta en promedio 72 millones de pesos la aspersión a una hectárea de coca, mientras tanto la misma respuesta por parte de Presidencia dice que el costo de erradicar esa misma hectárea vía sustitución es de 40 millones de pesos", expresó la subdirectora de Dejusticia durante la audiencia en la Corte.
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La Fundación Ideas para la Paz, reconocido centro de pensamiento que ha estudiado ampliamente los cambios en la política antinarcóticos del país, no ha quedado convencida con la cifra que maneja el gobierno nacional. ¿Por qué razones? El investigador y director en asuntos del conflicto de la FIP, Juan Carlos Garzón, advierte que posiblemente en los cálculos el gobierno no ha tenido en cuenta el costo de uso de las aeronaves y otros factores.
"La pregunta tendría que ser en realidad cuánto tiene que invertir el Estado para que esa hectárea de cultivos ilícitos deje de existir. Lo que encuentras ahí es que en el periodo de Álvaro Uribe tenías que asperjar 20 hectáreas para conseguir la disminución de una hectárea. Si uno hace esa pregunta entonces tiene que multiplicar ese valor por 20 veces, incluso Daniel Mejía dice que hay que multiplicarlo 32 veces. Ese es el punto clave de la discusión y talvez la trampita en las cifras que entrega el gobierno", expresó Garzón.
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Ante la ambigüedad de las cifras, conocer cuánto le cuesta al Estado asperjar los cultivos ilícitos con glifosato y aeronaves resulta crucial si se tiene en cuenta la eventual modulación de la sentencia de la Corte Constitucional, que suspendió en 2015, bajo el principio de precaución, este tipo de fumigaciones.
