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La Corte Constitucional dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) la decisión de reanudar o no las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato. Lo hizo mediante un fallo que mantiene las restricciones fijadas en 2017 para el uso del herbicida.
"La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir sobre la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato", manifestó el alto tribunal.
En un debate que se prolongó por dos días, la Corte Constitucional examinó una ponencia del magistrado Alberto Rojas contraria a lo que pide el gobierno del presidente Iván Duque, que argumenta que el herbicida es fundamental para controlar el crecimiento desbordado de las plantaciones de coca que en 2017 alcanzaron un récord de 209.000 hectáreas. "Las condiciones se mantienen con precisiones. Lo que estamos dejando claro surgió con ocasión de un debate que el país dio" sobre "la sentencia del 2017 en la dimensión que ella tenía", manifestó la presidenta de la Corte, magistrada Gloria Ortiz.
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Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación: "las zonas donde hay pequeños campesinos no son las zonas donde se va a realizar la aspersión".
La revisión fue pedida por Duque a la Corte Constitucional con el fin de "moderar" las seis condiciones de orden legal, sanitario y ambiental que ese tribunal fijó en la sentencia de 2017, un paso más en el proceso que comenzó en 2014 cuando ordenó hacer seguimiento a los posibles efectos que la aspersión del herbicida puede tener sobre la salud humana.
Tras la decisión del jueves, el Ministerio de Justicia anunció que "llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo, para que dentro del cumplimiento de la sentencia y del auto, se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos".
El Ejecutivo reafirmó que sus prioridades han sido la protección del medioambiente y la salud de los ciudadanos y por eso continuará "trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos, a la vez podamos avanzar en la lucha contra el flagelo de la droga". Según el Gobierno, las aspersiones con glifosato deben hacer parte de una estrategia integral contra los cultivos ilícitos que incluye la erradicación manual, la sustitución voluntaria y el pago por servicios ambientales.
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El Ministerio de Justicia reiteró este jueves su compromiso con las familias que hacen parte del programa de sustitución voluntaria que tiene "más de 100.000 personas vinculadas que han arrancado de raíz casi 35.000 hectáreas", 5.000 de ellas con apoyo de la fuerza pública.
En el auto 387 emitido este jueves, la Sala Plena de la Corte también pidió a las autoridades designadas por el CNE que concluyan a "la mayor brevedad posible el procedimiento de consulta con las comunidades étnicas y el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita", del departamento del Chocó, en la región del Pacífico. Esa comunidad negra interpuso una acción de tutela (recurso de amparo) ante la Corte alegando afectaciones en la salud de comunidades indígenas chocoanas por el uso del glifosato.
La Corte también insó a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo para que supervisen de manera conjunta "el cumplimiento de lo dispuesto" por la Sentencia T-236 de 2017. Igualmente señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y valorar toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la "minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente".
El CNE es un órgano conformado por los ministros de Justicia, Salud, Educación y Agricultura; el procurador general de la Nación, los directores generales de la Policía Nacional y de Aduanas y el jefe la Aeronáutica Civil. El Gobierno colombiano atribuye a la suspensión del glifosato el crecimiento de los cultivos de coca que, tras el récord de 209.000 hectáreas de 2017, tuvieron el año pasado un ligero descenso del 0,5 %, hasta las 208.000 hectáreas, según el más reciente informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por su siglas en inglés), divulgado en junio último.
"Nuestro argumento no es la defensa de un herbicida, nuestro argumento es la combinación de todas las herramientas como está en la política para enfrentar el problema de las drogas", dijo Duque en una entrevista con la Agencia EFE. El presidente y parte de su gabinete participaron en marzo pasado junto con académicos y expertos en salud y medioambiente en una audiencia en la que la Corte Constitucional escuchó los pros y los contras del uso del glifosato y que sirvió de base para la decisión de este jueves.
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En esa oportunidad también fue citado el antecesor de Duque, Juan Manuel Santos, bajo cuyo gobierno (2010-2018) fueron suspendidas las fumigaciones con el herbicida.
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