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La solicitud fue radicada dentro del incidente de desacato que instauró la Procuraduría al advertir que continúan los incumplimientos a los fallos de tutela de la Corte Constitucional que ordenaba el mantenimiento, adecuación y reparación de dicho centro carcelario.
No obstante, ante el caso omiso por parte de las autoridades penitenciarias, se hace necesario la evacuación de esta población de mujeres que se encuentran privadas de la libertad para no continuar con la vulneración de los derechos de estas personas.
“Se evidenció un aumento en el deterioro de vigas y columnas que incrementa la posibilidad de un desplome de la estructura en algunas zonas del lugar, lo que genera un peligro inminente sobre la integridad de las internas, el personal administrativo y las guardianas”, señala el documento.
Hay que advertir que la acción judicial insaturada por la Procuraduría fue en contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, entidades encargadas de cumplir lo dispuesto en el fallo de tutela.
