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Una gran polémica se originó luego que se conociera que el alcalde de Sotaquirá (Boyacá), Luis Felipe Higuera Robles, cobró durante dos años entre $20.000 y $30.000 a niños de veredas por un transporte escolar que era gratuito.
En una audiencia que duró cuatro días, el juez primero municipal de garantías de Tunja envió a la cárcel al mandatario municipal. La Fiscalía le imputó seis delitos: peculado por apropiación, prevaricato por acción, por omisión, contrato sin el lleno de los requisitos legales, ocultamiento o destrucción de elementos probatorios y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
Desde la cárcel de El Barne en Cómbita, el alcalde Luis Felipe Higuera Robles renunció a su cargo a través de una carta que envió al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, en el que le comunicó su decisión tomada por el proceso penal que cursa en su contra.
La Fiscalía dejó al descubierto durante la audiencia que, a través de planillas, recibos y documentos avalados directamente por el despacho del alcalde, se cobró entre 2016 y 2018 a los padres de familia entre $20.000 y $30.000 para pagar el transporte escolar de los niños, niñas y adolescentes que desde las veredas acudían al casco urbano a estudiar.
Ahora, el Partido Liberal del cual hacía parte Higuera Robles, deberá definir una terna de la que saldrá el próximo alcalde, que tendrá un periodo de tan solo 15 meses. Entre tanto, el gobernador Amaya deberá nombrar al alcalde encargado para el municipio.
La Fiscalía avanza en otras investigaciones contra Higuera Robles
Expedición de contratos sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley al igual que, el manejo aparentemente irregular de los recursos del municipio, generaron nueve procesos en contra de Higuera.
“Aparecen nueve investigaciones que está adelantando el señor Luis Felipe Higuera Robles y todas están en la Unidad de delitos contra la administración pública de Tunja”, explicó el Fiscal del caso.
A Higuera Robles lo investigan por aparentes faltas en los contratos de construcción de una cancha de fútbol, ubicada en el casco urbano de la localidad al igual que por los excesivos gastos para la celebración de los días de la mujer y de la madre.
También es investigado por la construcción al parecer ilegal de un parque deportivo que no tenía licencia, ni estudios técnicos vigentes.
La Fiscalía tiene además un proceso en su contra por el delito de prevaricato por acción por haber despedido a cuatro empleados de la alcaldía, sin justificación aparente.
