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Tras fallar una tutela a favor de una mujer que solicitaba obligar al padre se sus hijos a cumplir con la cuota alimentaria y de manutención, la Corte Constitucional ordenó a los jueces embargar los sueldos de los padres que incumplan con sus obligaciones e impedir su salida del país.
Las pruebas aportadas por la mujer, daban cuenta de las discusiones en las que el hombre se negaba constantemente a realizar los pagos mensuales.
Según el alto tribunal, esta constituye una conducta discriminatoria que afecta psicológicamente a los menores al privarlos del pago de estudios, alimentos, vestuario y servicios médicos.
