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Dentro de la solicitud enviada por la Procuraduría se advierte que las instituciones educativas y etno-educativas de algunas zonas en esa región del país, no están cumpliendo con los periodos educativos vigentes por lo que se constituye en una vulneración de los derechos de los menores.
La situación, según el organismo de control, se registra específicamente en los municipios de Manure y Dibulla, entre otros, por lo que no se están brindando una debida y oportuna prestación de los servicios de transporte y del Programa de Alimentación Escolar.
Ante esta situación la Procuraduría solicitó a las instituciones escolares un informe detallado “sobre los planes, estrategias, medidas y acciones que se están implementando para garantizar el derecho a la educación de la comunidad indígena y en general de todos los estudiantes del departamento”.
De igual forma, la Procuraduría hizo requerimiento encaminados a conocer el estado actual de los procesos de contratación de los programas etno-educativos y los avances en la contratación e implementación del PAE y del transporte escolar.
