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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, contrario a lo que piensa el Gobierno, es posible la eliminación de estos costos y la norma no promueve la falta de pago por parte de los usuarios.
Para la Procuraduría, esta norma no contempla la eliminación de la desconexión ni los pagos de intereses por este tema y resaltó que si se está obligando a las empresas a no trasladar al usuario el costo de dicho proceso.
“Lejos de hacer inviable la prestación de los servicios públicos, simplemente altera los incentivos que garantizan la prestación de un servicio de calidad”, señala el concepto.
En el concepto enviado por el procurador general, Fernando Carrillo, también rechaza los argumentos del Gobierno frente a la regulación tarifaria, de acuerdo con los costos del servicio, porque la Ley 142 de 1994 no regula el costo de los servicios públicos, sino el cobro administrativo por cuenta de la reconexión.
Pese a las objeciones enviadas por el Gobierno, será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre si se deja o no los cobros por reconexión de los servicios públicos para los estratos 1,2 y 3.
