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La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para hacer seguimiento a los contratos suscritos por la entidad para la compra de predios y su posterior adjudicación a campesinos, en cumplimiento de los compromisos de implementación de la Reforma Rural.
El organismo puso la lupa a la ejecución real del presupuesto en los rubros de adquisición de tierras para su adjudicación a campesinos, luego de conocerse que para el 31 de octubre de 2023 se había logrado solo una ejecución del 17 % de los recursos disponibles para el programa (un billón 261 mil millones).
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El organismo alertó porque en un informe sobre la ejecución de estos recursos, se reportó un 51 % de ejecución del dinero disponible para los proyectos relacionados a la Reforma Agraria.
Los funcionarios de la Procuraduría identificaron traslados al “Fondo Colombia en Paz” por 430.000 millones de pesos, lo que correspondería al 34 % del presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados, están consignados en una fiducia.
El organismo adicionalmente indagó por el convenio con RTVC de hasta 15.000 millones de pesos, con una ejecución de 660 millones de pesos para octubre de 2023.
Sobre este punto, los delegados pidieron los análisis de las condiciones estructurales y jurídicas en las que ejecutan los procesos de compra, los procedimientos para el avalúo de los predios y la información para determinar si las decisiones de compra se realizaron en cumplimento de la ley.
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Adicionalmente, ese organismo requirió información sobre las actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, por lo que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios, en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha.
