Procuraduría no tomará acciones en proceso por muerte de Jorge Pizano

Fernando Carrillo señaló que el ministerio público no tiene competencia para investigar al Fiscal Nestor Humberto Martínez.
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación Crédito: Colprensa

El procurador general, Fernando Carrillo, dijo que esa entidad no tomará acciones directas frente al proceso penal que adelanta la Fiscalía por la muerte del testigo estrella del escándalo de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano.

El funcionario explicó que la Procuraduría hará parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, pero no tomará ninguna acción disciplinaria en contra del fiscal Néstor Humberto Martínez porque no tiene competencia para ello.

“La Procuraduría no es una instancia de carácter penal, por lo cual nosotros solo participamos como Ministerio Público en las investigaciones penales, somos parte y en el caso quien lleva la voz ‘cantante’ es la Fiscalía”, señaló.

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“Nosotros no tenemos ningún tipo de competencia para investigar al Fiscal General. Creemos que lo que debe pasar es que funcione la institucionalidad”, puntualizó Carrillo.

Al respecto, el exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, explicó que el procurador no tiene competencia para investigar delitos penales.

Arrubla señaló que tras una denuncia en contra Martínez ante la Comisión de Acusación, interpuesta por la Red de Veedurías, se iniciaría un proceso parecido al que se adelantó contra el exmagistrado Gustavo Malo por el ‘cartel de la toga’.

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“Lo investiga la Comisión de Acusaciones. No se sabe quien aplica la sanción disciplinaria... sin embargo, el mismo Congreso cuando declara la indignidad aplica la sanción mayor que es la suspensión en el cargo”, precisó el exmagistrado.

La denuncia que interpuso la Red de Veedurías contra el Fiscal se radicó luego de que se conocieran las declaraciones de Jorge Enrique Pizano antes de morir, sobre el supuesto conocimiento que tenía Martínez de los sobornos de Odebrecht en 2015.

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La demanda busca determinar si Martínez incurrió en los delitos de encubrimiento y concierto para delinquir, con relación a las irregularidades de contratación de la Ruta del Sol II a cargo de la multinacional brasileña Odebrecht.


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