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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1678 de 2013, por la cual se otorgan becas “al 0.1 % de los mejores profesionales graduados en instituciones de educación superior públicas y privadas”.
La norma acusada contempla como impedimento para acceder a las becas tener antecedentes penales o disciplinarios, lo cual, de acuerdo a la demanda, constituye un caso de trato diferencial injustificado y desproporcionado.
El jefe del Ministerio Público consideró que no es adecuado ni necesario excluir a los estudiantes que, por sus méritos, se han hecho acreedores a las becas pero que por tener antecedentes no puedan acceder a ellas.
Como argumento expuso que si la exclusión se da para realizar una prevención general para inducir a posibles delincuentes o infractores a desistir de sus propósitos, éste no es el mecanismo idóneo para lograrlo, Por otra parte, aunque las posibilidades de resocialización de las personas con antecedentes no son iguales, en este caso todas ellas son excluidas del beneficio contemplado en la ley, vulnerando los principios de proporcionalidad de penas y la función de resocialización de las mismas.
“Continuando con este punto, el legislador no tuvo en cuenta los derechos a la rehabilitación y al olvido a los que tienen todas las personas sancionadas, que se aplican con todo tipo de antecedentes, los cuales no pueden generar efectos negativos de manera indefinida”, señaló el órgano de control .
Asimismo, resaltó que toda persona que cumple su condena se integra de nuevo a la sociedad, y por ello debe ser acogida para fortalecer sus vínculos sociales y profesionales, por lo que no se le pueden desconocer sus derechos al acceso a la educación superior.
