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En el documento, la Procuraduría explica que dichos incentivos ayudará a recuperar las tierras con presencia de cultivos ilícitos, es decir, sería una puerta para poner fin al conflicto y ayudar a solucionar los problemas de las drogas ilícitas en el país.
En 38 folios, el Ministerio Público dice que son medidas encaminadas "a cuidar el medio ambiente y en concreto preservar los ecosistemas especialmente protegidos".
En ese punto el decreto dice textualmente: "Ante el incremento de cultivos de uso ilícito en aéreas de ecosistema social y ambientalmente estratégicos, así como la gala de bosques, viene generando grandes focos de deforestación poniendo en peligro inminente la biodiversidad que alberga el ecosistema (...) se requiere desarrollar nuevas alternativas económicas para la generación de ingresos a las comunidades que permitan, con eficacia, frenar la transformación ambiental".
Diana Fajardo es la magistrada de la Corte Constitucional que estará encargada de la ponencia para el estudio constitucional del decreto.
