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Tras cuatro años de la avalancha que inundó el casco urbano de Mocoa (capital del departamento del Putumayo) dejando más de 300 muertos a su paso, no se ha avanzado en su reconstrucción.
Así lo constató la procuradora Margarita Cabello Blanco en una visita institucional al lugar para verificar los avances de las obras que prometió el Gobierno Nacional, luego de un informe de la Contraloría que también alerta sobre esos retrasos.
La Procuradora anunció posibles sanciones disciplinarias, “preocupada pero también molesta porque lo que he visto es un retraso en las obras y lo que preocupa son los fenómenos naturales que están por venir como el fenómeno de La Niña. Después de cuatro años creo que amerita que estemos encima para lograr el resultado rápido de las obras”.
De acuerdo con las investigaciones de la Contraloría, el Gobierno se había comprometido a entregar 100 viviendas para septiembre, pero ya no va a cumplirlo.
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El contralor delegado sector vivienda y saneamiento básico, Javier Reyes, dijo a través de una publicación en las redes sociales en julio pasado que el Ministerio de Vivienda en cabeza de Jonathan Malagón, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Fonvivienda no van cumplir ningún compromiso.
“En una reunión con el Gobierno Nacional no informan que no van a entregar ese numero de viviendas, sino que serán 72 en octubre y el resto en diciembre. Pero eso no obedece a la realidad. No hay posibilidad de entregar esas viviendas”, dijo.
Sin embargo, desde el Gobierno se anunció un Plan de Acción Especifico –PAE- de recuperación que contemplaría “la ejecución de 86 proyectos”.
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGR), el Plan creado por el Gobierno se aprobó el 2 de agosto de 2017 y “ha sido la hoja de ruta para la reconstrucción de Mocoa”.
La avalancha de Mocoa ocurrió marzo de 2017 cuando las fuertes lluvias produjeron una avalancha que inundó el casco urbano de Mocoa, dejando más de 300 muertos a su paso.
Esa emergencia ambiental también dejó 398 heridos, 53 personas desaparecidas y 7.892 familias damnificadas.
Según los datos de la UNGR “en materia de infraestructura hubo 48 barrios afectados, perdida de la subestación eléctrica, 2 acueductos, la red de gas, 11.5 kilómetros de vías, 2 puentes destruidos y otros 3 averiados, y un total de 1.461 viviendas, entre rurales y urbanas, perdidas”.
Por esos hechos, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación penal contra Sorrel Parisa Aroca, entonces gobernadora del departamento por el presunto delito de homicidio culposo
De acuerdo con las investigaciones, la exmandataria habría incurrido en una serie de omisiones que evitaron reaccionar a tiempo frente a la emergencia.
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