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La Procuraduría General de la Nación alertó al Gobierno sobre la situación de legalidad de predios por la que atraviesan más de 40 mil inmuebles donde funciona igual número de colegios oficiales en el país.
Esta advertencia la hizo el Ministerio Público, mediante un carta enviada al Ejecutivo, en la que señala que "encontró que el 73% de los inmuebles oficiales donde se prestan servicios educativos está desprovisto de un vínculo jurídico que impide el uso y goce del bien de manera ininterrumpida".
"Para la Procuraduría es claro que está en peligro el funcionamiento de un sinnúmero de instituciones educativas oficiales, por lo que continuará con esta intervención preventiva, enfocando sus esfuerzos para que los entes territoriales, departamentos, distritos y municipios certificados tomen acciones y resuelvan, conforme a sus competencias y a las exigencias dispuestas en la Ley", señala la misiva.
Según la información suministrada por los departamentos, municipios y distritos al organismo de control, está definida la situación de 10.941 bienes y por definir 29.897 propiedades de 40.838 inmuebles que forman parte de las 95 entidades territoriales certificadas en educación en todo el país.
Explicó que estas inconsistencias "se dan entre otros casos porque no se han hecho los registros correspondientes o los predios se encuentran en litigio, o se presenta la figura de posesión sin resolverse judicialmente, o simplemente no existe certeza en la aplicación de mecanismos jurídicos como el arrendamiento, comodato o cualquier otra figura contractual, lo que podría poner en peligro el funcionamiento de la institución educativa".
Pidió, por tanto a los mandatarios locales y regionales, disponer de las medidas necesarias que permitan dar solución a esta problemática.
