Procurador entregó a negociadores mínimos penales para autores de crímenes atroces

 

En el informe de 80 páginas señaló el jefe del Ministerio Público que ve como positivo el hecho de que las Farc acepten el derecho internacional, la coincidencia entre el Gobierno y la oposición en que se necesitan penas privativas de la libertad para los miembros de esta guerrilla que cometieron crímenes atroces, ya que este sería el punto de partida de un Pacto para la Paz que permita que se cumpla lo pactado entre el Gobierno y las Farc.

 

Asimismo, reiteró el jefe del órgano de control que la pena para los máximos responsables es la reclusión y solo si esta se cumple de manera genuina se puede asegurar que no existe impunidad frente a los más graves crímenes, el cual también debe cobijar a los agentes del Estado que perpetraron iguales crímenes.

 

“La pena no debe ser entendida como una imposición, una humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas e inclusive de los victimarios”, recalcó el documento.

 

 

Advirtió Ordóñez Maldonado que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación tampoco pueden omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o dirigentes políticos, sin embargo precisó que la definición de estos puntos es competencia exclusiva del Congreso de la República.

 

“No es aceptable desde el punto de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las FARC y el Gobierno Nacional en La Habana”, precisó el Procurador.  

 

 

Agregó el Procurador Ordóñez que es indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad, por lo que propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la oposición y las Farc y concluyó su comunicado con la promesa de enviar una propuesta en materia de penas a La Habana con el fin de contribuir a que se cumplan dichos mínimos y se garantice la seguridad jurídica para los miembros de esta guerrilla.