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El proyecto de ley 127 de 2015, el cual buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a termino indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales, fue objetado por el presidente Juan Manuel Santos quien lo declaró inconstitucional.
Madres comunitarias se irán a paro
El presidente alega que esta medida generaría un incremento en las finanzas públicas, ya que habría un aumento de $769 mil millones, al pasar de 6 mil a 61 mil madres comunitarias contratadas por el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De hecho, el mandatario recordó que el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de las finanzas públicas, dio concepto negativo a esta ley por el impacto fiscal para el país.
Otro de los argumentos que presentó Santos es que se excluiría a otros tipos de entidades que prestan el servicio de atención integral a la primera infancia, como por ejemplo las Cajas de Compensación Familiar, ya que todo estaría a cargo del ICBF.
También afirma que el Congreso no tiene la facultad de modificar las entidades sin el consentimiento del Ejecutivo, por lo que esta ley modificaría las funciones del ICBF.
Asimismo, el Gobierno aseguró que desde 2014 las madres comunitarias reciben un salario mínimo y gozan de protección laboral a través del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
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