La FM en Google News
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó que la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación realicen una "exhaustiva investigación" que permita aclarar qué ocurrió en la vereda El Alto Remanso de Puerto Leguízamo en Putumayo, donde murieron once personas, entre ellas una mujer embarazada.
Según explicó, es imperioso que se verifique si hubo incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en lo que se refiere a la precaución, distinción y proporcionalidad.
Lea además: ONU pide investigar y sancionar a responsables de operativo militar en Putumayo
“Es indispensable determinar si además de las víctimas ya identificadas, existen otras víctimas. Esto por cuanto algunas personas de la comunidad aseguran que hubo quienes cayeron en el río o trataron de huir del riesgo lanzándose al mismo”, dijo Camargo Assis.
Durante las misiones humanitarias que desarrolló la Defensoría del Pueblo, se conocieron los testimonios de las comunidades que se encuentran en el sector y que advirtieron que "durante los días 26 27 y 28 de marzo se encontraban en una actividad tipo bazar, con un alto número de participantes provenientes de zonas aledañas; que las operaciones habrían iniciado con personal militar que usó uniformes distintos a los camuflados, y que en la operación militar habrían muerto 11 personas y resultaron heridas cinco, entre ellas, un militar", reseñó la entidad.
En ese sentido, Camargo Assis, señaló que se brindará apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas y sus familiares para superar esta tragedia.
Consulte también: Madre de niño muerto en Buritaca aparece en videos caminando desorientada, según familiares
Expresó además que las comunidades de la zona se encuentran atemorizadas por las represalias de los grupos armados, luego de haber denunciado lo que aparentemente ocurrió en la zona.
“Reiteramos la importancia de aplicar de forma rigurosa el DIH. Y, asimismo, aprovechamos para hacer un llamado enfático a los grupos armados ilegales para que respeten el principio de distinción que prohibe involucrar a la población civil en la confrontación armada, ocultándose o usándolos como escudo", dijo.
Además agregó que, “por esa razón requerimos a las autoridades del orden nacional y territorial adelanten todas las gestiones para atender adecuadamente las necesidades de la comunidad y la protejan frente a los riesgos advertidos”, afirmó Carlos Camargo.
