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El caso, en contexto.
La entrevista en LA FM con Octavio Vargas, vocero de Las Margaritas, y Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras. Los actuales propietarios habían comprado la hacienda al Banco Agrario y son tenedores de buena fe.
Esperan que el Gobierno les compense la inversión si los terminan desalojando, tras el pedido en ese sentido de una víctima de la violencia.
Las Margaritas, un caso que parte en dos la restitución de tierras
El martes, comunidades y tenedores del predio Las Margaritas, en el municipio de Sabanas de San Ángel en el Magdalena, reclamaron porque la Agencia Nacional de Tierras, con 200 policías y 100 agentes del Esmad, intentaron realizar un desalojo que consideran abusivo por no tener facultades jurídicas para hacerlo.
El 19 de enero del año 2004, el señor Carlos Londoño adquirió de buena fe y mediante adjudicación en remate del banco Agrario, un predio de 44 hectáreas llamado Las Margaritas, en Sabanas de San Ángel. Un año y cinco meses después, la Corte Constitucional de manera inédita en el país, impugnó el remate pues los antiguos propietarios aparecieron asegurando que perdieron el terreno pues no les llegaba la comunicación de cobro; es así que el predio queda inscrito en la RUPTA o protección a predios, bajo medida cautelar.
"En el 2005, como caso inédito, la Corte Constitucional, luego de dos tutelas que fueron negadas por el Tribunal de Valledupar, levanta la tutela e impugna el remate porque los antiguos dueños alegaban que no le llegaban la comunicación del cobro. El banco compra el predio a los otrora propietarios, pero estas personas inscriben, de manera sospechosa, el predio en el RUPTA", indicó Octavio Vargas, vocero del predio Las Margaritas.
Posteriormente, el banco Agrario, responsable del remate, expide un oficio indicando levantamiento de la medida cautelar y adquiere nuevamente el predio y se lo compra a los antiguos dueños para compensar al comprador de buena fe, el señor Londoño, quien se quedó con la propiedad e hizo importantes inversiones en la misma.
Años después, los antiguos dueños reaparecen a través de una tutela en la que piden a Incoder revocar la decisión de levantamiento de medida de protección del predio que son víctimas del conflicto armado y exigiendo se les restituya la tierra. Londoño asegura que no se niega a entregar el predio, siempre y cuando se le garanticen sus derechos y se retribuya lo ahí invertido durante estos años.
"12 años después aparecen los antiguos dueños, quienes alegan que por desplazamiento dejaron el predio y entutelan dos veces en el Tribunal de Valledupar y nuevamente la Corte Constitucional falla a favor de los antiguos dueños, a quienes pide devolver al predio pero compensando al señor de buena fe que está comprando", agregó Vargas.
Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, explicó que "cuando recibí la dirección Nacional de la Agencia me encontré con una orden muy particular de la honorable Corte Constitucional que le ordenaba al Incorder desde el 2014 restituir un predio, cuando el Incoder no hacía restitución de tierras. Cuando nosotros analizamos la orden, lo único que podíamos hacer como Agencia Nacional de Tierras era devolverle jurídicamente al propietario que estaba reclamando la restitución y eso lo hicimos".
Samper asegura que posteriormente recibieron un llamado del Tribunal de Valledupar pues aún las tierras no habían sido devueltas al reclamante.
"El Tribunal nos dijo que se seguían vulnerando los derechos del propietario porque no había podido entrar al predio, pero nosotros dijimos que la devolución material del predio no le corresponde la Agencia sino al alcalde de Sabanas de San Ángel. Nosotros coordinamos con el alcalde y pusimos 200 efectivos para que se realizara la devolución material pero se tuvo que suspender por consideración de las autoridades locales", agregó Samper.
Comunidades y tenedores de predios del municipio de Sabanas de San Ángel denunciaron que en el martes la Agencia Nacional de Tierras, con 200 agentes de la policía y 100 del ESMAD, intentaron ingresar al predio pretendiendo hacer un desalojo que consideran abusivo, por no tener facultades jurídicas para hacerlo.
