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Las elecciones regionales de este 27 de octubre tienen con gran expectativa al país por saber en manos de quiénes quedarán durante los próximos años el manejo de las alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales.
Sin embargo, más allá de esta incertidumbre, se ha despertado una gran preocupación por las irregularidades que se han detectado en algunas candidaturas en las que, por su afán de lograr la victoria, han puesto en riesgo la transparencia de las elecciones.
Y es que la ola de denuncias sobre participación indebida en política, corrupción y riesgo de fraude electoral llevó asaturar al CNE, que ya ha recibido más de 2.000 denuncias contra candidatos advirtiendo sobre estas irregularidades en diferentes ciudades y departamentos, además de haber revocado la inscripción de unos 1.600 más.
Frente a este tema San Andrés no se queda atrás, pues una reciente alerta se lanzó desde la Veeduría ciudadana sobre un riesgo electoral en los comicios de este domingo, razón por la que se solicitó a la Procuraduría y Registraduría Nacional una vigilancia especial durante la jornada.
Las irregularidades denunciadas por la ciudadanía involucran, incluso, al registrador delegado para la isla. Se trata de Douglas Nevardo Botía Guerra, quien tendría una “afinidad política” con uno de los candidatos a la Gobernación, pues tiempo atrás ejerció como asesor jurídico de Julio Gallardo, tío del actual candidato por el partido Liberal, Nicolás Gallardo Vásquez.
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Algunos ciudadanos y aspirantes políticos esperaban que, debido a esta supuesta cercanía con el candidato o sus familiares, el registrador delegado se declarara impedido, pero al notar que no fue así interpusieron acciones ante la Registraduría solicitando el traslado tanto del registrador especial, como de los dos delegados departamentales, argumentando que bajo este panorama las elecciones carecerían de transparencia e imparcialidad.
“Por los principios constitucionales de equidad, de transparencia y la garantía a la democracia, muy comedidamente se solicita el traslado del registrador especial del Estado civil Dr. Jhon Obed Romero Duarte y de los dos delegados departamentales, César Augusto Jaramillo Barreto y Douglas Nevardo Botía Guerra, toda vez que se denota una flagrante lesión a la confianza y a la equidad que debe transmitir un estamento gubernamental”, indica un aparte del documento enviado a la Registraduría.
"Solicitamos que sea removido (el registrador delegado Douglas Nevardo Botía Guerra), teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional cuenta con miles de funcionarios, pudiendo designar en cada territorio a personas que no tengan cercanía o afinidad política con alguno de los candidatos o familiares de los missmos", expresó el veedor ciudadano, Leandro Pajaro Balseiro.
Otras denuncias
Esta no es la única situación de presuntas irregularidades que alertan en las islas, hace unas semanas llegó a la Procuraduría una denuncia que involucra a la gobernadora (e) Tonney Jean Salazar, en lo que sería una presunta participación indebida en política pues, según las pruebas allegadas al Ministerio Público, Salazar habría participado en reuniones políticas, portando distintivos oficiales como el chaleco de la Defensoría del Pueblo. Además se indica que las reuniones serían, al parecer, en favor del candidato liberal Nicolás Gallardo.
Ante estas denuncias la Procuraduría abrió, el pasado 18 de octubre, una investigación disciplinaria contra la gobernadora encargada y la llamó a rendir versión libre sobre los hechos.
En la denuncia que compromete a Salazar, también se advierte sobre una supuesta autorización irregular para el uso de escenarios deportivos de San Andrés con fines políticos. Al parecer, para que el candidato Nicolás Gallardo expusiera su programa político. Pues en unas fotografías se observa al aspirante a la Gobernación dentro del escenario realizando charlas y actividades deportivas con prendas alusivas a su campaña.
