Personas con antecedentes penales no obtendrán permiso para portar armas

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras aclarar dudas sobre la normativa.
Guillermo Botero, ministro de Defensa
Guillermo Botero, ministro de Defensa Crédito: Foto de Colprensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó en LA FM que las personas con antecedentes penales no podrán obtener el permiso para portar armas.

De igual manera, aclaró el jefe de la cartera, no es cierto que la normativa vaya a flexibilizar los permisos para el porte de armas. "La gente interpreta las cosas como mejor le conviene, muchos quieren ver en el decreto unas cosas que el decreto no dice", aseguró.

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El ministro reiteró que el decreto elimina discrecionalidad de funcionarios que otorgan los permisos de porte de armas e impone restricciones para otorgar permisos. En ese sentido, el ministro aclaró que, por ejemplo, personas con antecedentes penales no podrán obtener el permiso para obtener armas. Respecto a armas en poder de grupos ilegales, el ministro de Defensa dijo que no es posible conocer la cantidad que hay.

El pronunciamiento tuvo lugar luego de que el jefe de la cartera y el presidente Iván Duque firmaran el Decreto 2362 de 2018, por el cual se adoptan medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego. Establece además que el Ministerio de Defensa impartirá las directrices para la expedición de autorizaciones especiales.

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En consecuencia, se emitirá un instructivo cuyo fin es garantizar que haya requisitos objetivos para la evaluación de las situaciones particulares de cada solicitud. Las autoridades militares serán las encargadas de hacer efectiva la directriz que emita el Ministerio para los casos especiales.

La decisión de mantener esta suspensión se fundamenta en las estadísticas presentadas por la Policía Nacional que evidencian que, entre 2016 y 2018, tiempo en el que ha regido la medida, ha decrecido el número de lesiones personales y homicidios provocados por armas de fuego.

Con el decreto se garantiza la concentración del monopolio de uso de las armas en el Estado y se reglamenta el proceso de permisos excepcionales que, hasta ahora, se venía realizando de forma discrecional.

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