Ordenan devolver manejo del Carnaval de Barranquilla a la Alcaldía

El fallo podría generar cambios en el modo en el que es dirigida una de las fiestas más importantes del país.
El Carnaval de Barranquilla tendrá diferentes eventos para que los asistentes disfruten.
Crédito: Archivo

Un fallo del Consejo de Estado conocido en las últimas horas deja en firme una sentencia de octubre de 2008 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que ordenaba, a partir de una acción popular interpuesta por abogados y líderes culturales, devolver a la Alcaldía de Barranquilla el manejo de las actividades y de los ingresos generados por la fiesta del Carnaval de la ciudad.

En medio de las apelaciones y de la búsqueda de nuevas revisiones, cerca de trece años tuvieron que pasar para que este proceso fallara en el mismo sentido, pero ya en la última instancia que quedó en manos del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

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Con esto se reversa la concesión a 50 años que, desde 1997, tenía Fundación Carnaval de Barranquilla que debe restituir el manejo de las actividades de esa festividad a la sociedad Carnaval de Barranquilla, que es un organismo con participación estatal. Es decir, que las ganancias de todo lo que genere el carnaval debe ser dado al Distrito.

En ese sentido, se ratificó el fallo realizado en 2008 que señalaba lo siguiente: "Ordenar que el Distrito de Barranquilla adopte las medidas necesarias para recuperar de manera inmediata el control y manejo absoluta el Carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural de la nación... reintegrar al Distrito las utilidades producidas a partir de la promulgación de la ley 706 de 2001... para lo cual solicita el nombramiento de peritos contables que determinen el monto de las utilidades".

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De acuerdo con alto tribunal, a partir de la invocación al amparo del artículo 1, 8 y 72 de la Constitución Política Colombiana, relacionados con la protección de los bienes culturales de la Nación, la fundación entra al proceso "como posible responsable de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos", relacionados con la protección a la riqueza cultural de la Nación.

La acción popular que da lugar a este proceso jurídico fue presentada en 2008 por Marcio Melgosa Torrado, Edgar Blanco Acevedo y Carlos Hazbún Escaf.


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