Dos inmuebles rurales y 12 urbanos harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción
El material de prueba evidenció cobros excesivos de medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares
Prensa Fiscalía
22 Mayo 2022 12:48 PM

Ocupan bienes de presuntos implicados en corrupción en La Guajira

Estos inmuebles estarían avaluados en 2.800 millones de pesos.
Evelin Adriana
Barrios Florez
@EvelinBarriosF1

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre dos inmuebles rurales y 12 urbanos que harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en La Guajira.

De acuerdo al reporte, los bienes, estarían avaluados en cerca de 2.800 millones de pesos y estos fueron ocupados por personal del CTI de la Fiscalía en los municipios de Riohacha, Maicao y Manaure, en La Guajira; al igual que en Barranquilla y Soledad, Atlántico, mediante apoyo suministrado por el Gaula del Ejército Nacional.

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Indicaron que estos activos pertenecerían a un exalcalde del municipio de Manaure y al Gerente Financiero de una Institución Prestadora de Salud Indígena, quienes estarían vinculados con actos de corrupción cometidos con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015, suscrito entre la Alcaldía de esta localidad y la IPSI Indígena, el pasado 24 de junio de 2015, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de este mismo año, por un valor de 8.000 millones de pesos.

En el curso de la investigación penal se estableció que en el proceso de contratación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Al parecer, el contratista fue seleccionado con antelación y se desconoció que no contaba con capacidad para ejecutar las actividades encomendadas ni tenía autorización para prestar servicios de salud en zonas rurales.

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Adicionalmente, el material de prueba evidenció cobros excesivos de medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares que generaron un detrimento superior a los 2.800 millones de pesos.

Finalmente, señalaron que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados.