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En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó un decreto que deroga el 1844 de 2018, en el cual, se reglamentaba el procedimiento policial en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.
Ante esto, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, habló en la FM y entregó declaraciones contundentes, destacando la preocupación ante la desprotección que esta medida puede generar en los niños, quienes están constitucionalmente protegidos y tienen prioridad en sus derechos.
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Además, expresó su inquietud sobre la posibilidad de que se genere un entorno poco seguro para los niños en lugar de garantizarles un ambiente protector para su desarrollo.
"Nos preocupa generar un ambiente de desprotección para los niños en lugar de garantizarles entornos protectores para su desarrollo", dijo.
Asimismo, Camargo hizo énfasis en que los alcaldes tienen la autonomía para emitir decretos municipales que aseguren entornos seguros y libres de sustancias psicoactivas para los niños.
"Los alcaldes tienen la facultad de asegurar entornos libres de sustancias psicoactivas para los niños, es fundamental brindar ambientes seguros", agregó.
Ante las preguntas sobre las cifras de personas en problemas por consumo o porte de dosis mínimas desde 2018, el defensor rechazó cualquier situación que afecte social o moralmente, enfatizando en que tanto el porte como el consumo de sustancias psicoactivas deben ser rechazados por la sociedad.
"Tanto el porte como el consumo de estas sustancias deben ser rechazados por la sociedad, no son situaciones aceptables, ni moralmente ni socialmente", apuntó Camargo en La FM de RCN.
Por otro lado, abordó el tema del secuestro en Colombia, destacando la necesidad de conocer la situación de las personas secuestradas, especialmente los menores, y aprovechó para hacer un llamado a los equipos negociadores involucrados en los diálogos para que se aborden de manera clara y transparente temas como el secuestro y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.
"Es crucial conocer la situación de las personas secuestradas, especialmente los menores. Los equipos negociadores deben abordar con claridad temas como el secuestro y el reclutamiento de menores", afirmó el defensor.
