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De acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en el 2020 más de 32.000 personas fueron desplazadas de sus territorios en el país.
Así mismo, desde el 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, hubo un aumento del 224 % en el número de personas expulsadas de sus territorios (lo que equivale a cerca de 150.000 desarraigados). Para los expertos, el 2021 podría ser un año en el que se registre un aumento en el fenómeno del desplazamiento.
Marco Romero, director de Codhes, comentó al respecto que “el 2021 es el comienzo más violento desde la firma del acuerdo. Solo en el mes de enero hubo ocho casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia. Ya en febrero vimos que aumentaron estos casos con los de Buenaventura".
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Romero reconoce que “mas o menos el 50% de los desplazados carecen de alguna protección, de un subsidio no condicionado, de un subsidio de familias en acción, de algún subsidio que le ayude a protegerse”.
En una investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, liderada por Carolina Castiblanco Castro, se evidenció que menos del 15% de los desplazados accedía a algún tipo de educación formal. Eso implica que “casi el 75% de desplazados tiene alta probabilidad de mantener baja calidad de vida y estar en situación de pobreza”.
Las zonas más afectadas por este flagelo han sido Nariño (33.641), Antioquia (29.174), Chocó (27.894), Norte de Santander (27.169), Córdoba (8.083) y Cauca (8.009).
Regiones que Romero caracterizó por su ausencia estatal, ya que “el Gobierno ha optado por la vía fácil, todo es el narcotráfico. Efectivamente hay narcotráfico, pero también faltan de medidas de protección del Estado. Hay presencia de bandas paramilitares, hay asesinato de líderes ambientales, hay asesinato de negociadores de la paz, hay asesinato de líderes que reclaman sus territorios”.
De igual forma, en el último año, la Unidad para las Víctimas ha realizado millonarios giros, con un total de $334.337.856.000, recursos que beneficiaron a 558.242 hogares víctimas de desplazamiento forzado.
Romero comentó que esta cifra es mínima pues “se ha indemnizado cerca del 10 % de las víctimas de Colombia, pero falta el 90%. Frente a ese porcentaje, durante la administración del presidente Duque se espera indemnizar a 500.000 personas más. Quiere decir que a este ritmo, necesitaremos de 50 años para hacer la indemnización de todas las víctimas, y ¿por qué esto? porque no hay voluntad de poner los recursos en esta prioridad”.
Buenaventura
De otro lado, en el último comunicado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), apoyado por los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y Codhes, se indica que hay un incremento de la violencia en Buenaventura, con más de 112 familias desplazadas, 20 homicidios y siete personas que se presumen desaparecidas.
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La Defensoría del Pueblo anunció que “hay presencia de grupos de crimen organizado como 'La Local', 'La Empresa', 'Los Shotas' y 'Los Espartanos', con altos niveles de conflictividad en las comunas 7, 10, 11 y 12 de la ciudad. También, los enfrentamientos entre disidencias de las FARC-EP y el ELN en zona sub-rural del municipio”.
A comienzos de febrero se registraron 33 combates urbanos, pero una de las cifras más alarmantes es que el desempleo supera el 75%, uno de los más altos del país.
Por: Camila González
