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Ante la Procuraduría General de la Nación llegó una nueva denuncia en contra del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones en medio de una investigación que adelanta el Ministerio Público por irregularidades en un contrato de bilingüismo.
La nueva denuncia, conocida por La FM, que fue instaurada por un grupo de ciudadanos y que está respaldada por algunos sectores políticos, es por algunas alianzas interadministrativas que, según el documento, se habrían hecho de forma irregular.
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Se advierte que el mandatario departamental debe ser indagado disciplinariamente por haber creado un sistema de empresas mixtas para evadir la Ley 80, que es la norma de contratación.
En el documento, firmado por Alejandra Lucía Vivas, se señala que la empresa Nuevas Tecnologías Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones, Niu-Telco S.A.S., fue creada como empresa publico-privada, pero que en sus funciones figura como pública, lo que le permite obtener beneficios tributarios.
Según lo radicado ante la Procuraduría, dicha empresa también tiene como socio al dueño de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), “que igualmente ha venido contratando con la Gobernación de Norte de Santander”, y que además estaría vinculada a casos de contratación en la Guajira, por los cuales el gobernador de ese departamento también está suspendido.
“Ustedes como órgano de control tienen conocimiento en un caso puntual, proceso de la Gobernación de La Guajira pero con otro nombre o razón social, siendo los mismos propietarios de la empresa Niu Telco S.A.S. (con los mismos objetos sociales al investigado, con el departamento de La Guajira”, indica el escrito.
También acusan al gobernador William Villamizar de haberse atribuido funciones que le permitían, de forma exprés, hacer contratación directa antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.
“El gobernador de Norte de Santander, se autoriza mágicamente así mismo como gobernador del departamento, a firmar varios convenios interadministrativos con contratación directa, en tiempo récord, comprometiendo vigencias futuras, unas horas antes del inicio de la ley de garantías por un valor superior a los 41.000 millones de pesos, tal y como lo señala el Secop”, señala.
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En la denuncia disciplinaria se advierte también de la creación de otras empresas público privadas, para la recaudación de impuestos y para asumir funciones de apoyo y gestión de la administración.
Para la denunciante, lo que se hizo fue permitir que una entidad de carácter privado sea la que “ejecute, contrate y desarrolle todos los programas de desarrollo social, educación, salud e infraestructura que son de su competencia directa”.
Es decir, “todas las obligaciones del Estado serán asumidas directamente por el sector privado, sin que las autoridades gubernamentales tengan el manejo directo de estos procesos”.
Quienes respaldan esta acción judicial, esperan que haya decisiones prontas por parte de la Procuraduría General de la Nación en este caso.
