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La Personería Distrital de Medellín emitió una alerta humanitaria ante la llegada de un número creciente de personas deportadas desde Estados Unidos, en medio de lo que ha calificado como una situación de falta de coordinación institucional para su atención y acompañamiento.
La institución expresó su preocupación frente a las consecuencias sociales y económicas que está generando este fenómeno migratorio en Medellín, el Valle de Aburrá y otros municipios del departamento de Antioquia, por lo que solicitó de forma urgente la implementación de estrategias interinstitucionales que permitan garantizar los derechos fundamentales de las personas deportadas y facilitar su adecuada reintegración social.
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La alerta se fundamenta en los cambios recientes en las políticas migratorias de Estados Unidos, que incluyen medidas más estrictas de detención y expulsión de migrantes considerados inadmisibles. Como consecuencia, el número de deportaciones hacia países de origen ha aumentado, impactando directamente a Colombia como país receptor.
Según los datos compartidos por la Personería, entre enero y abril de 2025 el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, ha recibido cinco vuelos con un total aproximado de 152 personas deportadas. Algunas de ellas se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, como lo han podido documentar funcionarios de la entidad.
Entre los casos registrados se reportan personas que han sido amenazadas por grupos armados ilegales, ciudadanos que no cuentan con recursos para llegar a sus ciudades o municipios de origen y solicitudes de apoyo psicosocial debido al impacto emocional y psicológico del proceso de deportación. Estos aspectos, señala la Personería, reflejan la necesidad urgente de una respuesta articulada entre las instituciones del Estado.
La entidad advierte que la falta de coordinación en la recepción y acompañamiento de las personas deportadas constituye una alerta humanitaria, especialmente por las implicaciones que conlleva en materia de seguridad, empleo, salud y cohesión social.
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En este contexto, la Personería Distrital hizo un llamado formal a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín; a la regional Antioquia del Departamento de Prosperidad Social; a Migración Colombia en su sede regional; y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que entreguen información detallada sobre los programas, políticas y acuerdos actualmente vigentes para la atención de connacionales deportados o retornados.
Además, se solicitó precisar los procedimientos establecidos para brindar asistencia inmediata a estas personas una vez llegan al territorio nacional.
La Personería concluyó su comunicado instando a las autoridades competentes a generar un protocolo claro y coordinado que permita mitigar los efectos sociales de las deportaciones masivas, así como garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que retornan forzadamente al país.
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