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El presidente Iván Duque objetó parcialmente la ley que según la Corte Suprema de Justicia ponía en riesgo más de 840 procesos penales, varios de ellos que se adelantan en contra de aforados.
Según la Presidencia, “este proyecto de Ley fue radicado en el primer semestre de 2018, luego de un proceso de más de nueve años que implicó la revisión, sistematización y clasificación de las normas objeto de depuración que terminó con un inventario de más de 10.500 normas, donde se incluyó la Ley 600 de 2000 para aclarar sus efectos frente a la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004”.
Agrega el documento que “el Gobierno consideró prudente objetar parcialmente dicha ley para evitar la inseguridad jurídica que podría generarse con un entendimiento según el cual la Ley 600 estaría derogada por virtud de la Ley de Depuración. A partir de esta objeción, se consideró objetar el artículo 3° en su totalidad”.
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La objeción presidencial se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia lanzara una alerta ante la inminente afectación de 848 procesos o expedientes que se tramitan en la actualidad mediante la Ley 600, debido al proyecto que busca eliminar las normas obsoletas o viejas, entre ellas el antiguo sistema penal.
El alto tribunal advirtió que actualmente todos los procesos contra aforados constitucionales se tramitan por Ley 600. Esto es 237 procesos en la Sala de Casación Penal, en segundas instancias o recursos de revisión o casación; 520 en la Sala Especial de Instrucción, básicamente contra congresistas o excongresistas, y 91 en la Sala Especial de Primera Instancia.
A través de una carta enviada a secretaría jurídica de la Presidencia de la República, con fecha del 9 de julio, la Corte advirtió sobre la inconveniencia de sancionar la ley.
Alerta, además, que pueden colapsar los procesos contra aforados que están en trámite, también podría abrir la puerta a excarcelaciones de quienes son procesados bajo ese sistema penal.
“El proyecto de ley que incluyó esta derogatoria, entre otras normas, no previó ninguna norma regulación o mecanismo de transición porque, además la Ley 600, contempla un sistema inquisitivo distinto al acusatorio de la Ley 906”, señalan fuentes de la Corte Suprema de Justicia.
