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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán, quien fue plagiado por paramilitares en Medellín el 30 de noviembre de 2002, mientras se ejecutaba la Operación Orión, en la que autoridades se tomaron la Comuna 13 de Medellín.
“...existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales, tales como el vínculo ya acreditado por la CIDH y la Corte IDH entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Colombia, el contexto específico de colaboración en la Comuna 13 donde ocurrieron los hechos”, manifestó la CIDH a través de un comunicado.
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El organismo internacional también resaltó que esa operación militar en la capital antioqueña fue una muestra clara de los nexos que existían entre grupos paramilitares y el Ejército colombiano y que además, en esa época se cometieron diferentes violaciones a los derechos humanos.
La CIDH también indicó que el Estado no adelantó de manera oportuna las acciones para ubicar a la víctima, ni para investigar las causas y los hechos que rodearon el plagio de Arles Edisson Guzmán pese a tener denuncias de sus familiares.
La organización internacional señaló que ya han transcurrido 17 años sin ninguna respuesta sobre dicha desaparición y agregó que cómo agravante, en el año 2004 se declaró la suspensión de las investigaciones sin haberlas ejecutado diligentemente ni diseñado o agotado las líneas correspondientes.
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De otra parte, la Comisión indicó que: “se conoció según información proporcionada por el Estado sobre la condena de una persona como autor indirecto de la desaparición de la víctima, sin embargo no se tuvo acceso a información que indicara que esta condena contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de lo ocurrido”.
Finalmente, el comunicado indica que “La Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales reconocidos por la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, así como el artículo 1.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, que el Estado violó el derecho a las garantías y la protección judicial en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por la falta de debida diligencia en la investigación”.
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Si laCorte IDH acoge los argumentos de la CIDH le podría ordenar al Estado colombiano investigar de manera completa lo ocurrido con Arles Edisson Guzmán, identificar a los responsables del hecho, reparar a sus familiares por lo ocurrido y adoptar medidas para que no se repitan más casos de desaparición forzada.
