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Un completo informe de ejecuciones extrajudiciales en el Huila será presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, OBSURDH. El informe documenta 127 casos con 255 víctimas de diferentes municipios.
Oscar Prieto, integrante del Observatorio indicó que, “se ha logrado documentar un total de 127 casos con un número de 255 víctimas que se presentaron entre 1984 y 2012 en el Huila. Sin embargo, se evidenció un incremento de esta práctica entre los años de 2006 y 2008, cuando se identificó un total de 93 casos con 191 víctimas”.
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La principal exigencia del Observatorio es que, ante las evidencias del informe, sean vinculados a los procesos de investigación, juzgamiento y sanción por estos hechos los altos mandos de la Novena Brigada, que estuvieron al frente de esta situación en los casos reseñados.
Entre junio de 2006 y noviembre de 2007, estuvo al frente de la Novena Brigada, con sede en Neiva, el entonces coronel -hoy general- Jaime de la Espriella Villamizar. Según el documento, bajo su mando presuntamente se presentaron a través de distintas unidades de la Novena Brigada 103 casos.
Después estuvo a cargo el brigadier general William Pérez Laiseca, quien ejerció como comandante de la unidad castrense entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008. En este periodo presuntamente se presentaron 75 casos.
Para los integrantes de OBSURDH, son cifras altas y preocupantes de jóvenes de Pitalito, Garzón y Neiva y de la zona rural de municipios como Pitalito, Gigante, Acevedo y Baraya, quienes presuntamente fueron asesinados por miembros de la fuerza pública y que después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate o integrantes de bandas delincuenciales.
Se conoció que en los municipios donde más se registraron casos fueron Pitalito con 44, Gigante con 28, Garzón con 27, Acevedo con 16, Algeciras con 11, Baraya, Isnos y Timaná con 10, y se evidenció que en 28 de los 37 municipios del Huila se presentaron ejecuciones extrajudiciales.
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Uno de los elementos relevantes del informe es que hubo seis mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Uno de los casos registrados ocurrió en 1993, cuando integrantes del batallón Tenerife, adscrito a la Novena Brigada, habrían sacado a dos mujeres de una reconocida discoteca de Neiva, a quienes posteriormente llevaron al batallón y fueron presentadas como muertas en combate e integrantes de la columna Teófilo Forero, de las Farc. Ante este caso, un juez falló en contra del batallón Tenerife, argumentando que las víctimas eran civiles y personas reconocidas en el municipio.
Óscar Prieto manifestó que, “además de que se logre una reparación por parte del Estado, se busca que las familias sean reconocidas como víctimas del conflicto armado a nivel legal; segundo, que se vinculen los altos mandos tanto de la Novena Brigada como de las unidades militares que más realizaron este tipo de hechos, como el batallón Magdalena y Cacique Pigoanza, y que el Ejército reconozca que los familiares asesinados no eran guerrilleros ni delincuentes”.
Ante la oficina del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien está al frente del caso 003 en la Jurisdicción Especial de Paz respecto al Huila, se entregaron detalles de la investigación que recoge datos a lo largo de diez años sobre esta práctica sistemática que se presentó en el departamento bajo la modalidad de falsos positivos, la información será presentada en próximos días oficialmente ante la JEP.
