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Luego que no pudiera intervenir en el Congreso de la República, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, negó que se "contrataran a dedo" los servicios para los niños en el país.
La funcionaria había sido citada a un debate de control político, por las tardanzas en la atención de primera infancia.
La falta de quórum y discrepancias sobre cómo avanzar en la sesión, impidieron que Cáceres respondiera a los cuestionamientos de algunos congresistas frente a los contratos de varios servicios.
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Algunos de los cuestionamientos contra la funcionaria se relacionan con que supuestamente estaría priorizando vinculación de 'cercanos' antes que a los menores.
"Hay muchas mentiras dentro de esas denuncias. Realmente, me voy muy decepcionada de un debate donde yo esperaba a la altura de los niños poder discutir las cosas que se necesitan, pero fue un debate cargado de calumnias para poder posicionar un modelo financiero que habita en la entidad desde hace mucho tiempo (...). No dejaron hablar", expresó Cáceres.
La funcionaria añadió que había 318 investigaciones disciplinarias, doce de las cuales se trasladaron a entes de control por su gravedad.
Agregó que esas denuncias están relacionadas con omisiones en la supervisión, favorecimiento de contratos, inobservancia de requisitos, posible tráfico de influencias, entre otras.
Respecto a la financiación, Cáceres dijo que la entidad no cuenta con los recursos de operación de todo el año porque si fuera así, "pasábamos en la contratación, en la operación de servicios (...). Nosotros no tenemos esa capacidad presupuestal, no nos la han dejado y por eso nos toca fraccionar".
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A mediados de febrero había una preocupación 'latente' entre algunos padres de familia, porque no tenían con quién dejar a sus hijos y no recibían respuesta sobre cuándo reanudarían funciones, como por ejemplo en los jardines. A día de hoy, el ICBF afirmó que ha cubierto los servicios prácticamente en su totalidad.
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