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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, destacó la eliminación del controversial artículo 7 de la reforma a la justicia, que planteaba beneficios y rebajas de penas para los agresores, violadores y asesinos de niñas y niños en el país.
La funcionaria fue clara en señalar, en el marco de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la niñez, que se debe tener una sanción frente a los delitos.
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“Nuestra posición siempre ha sido clara con el Ministerio de Justici; habíamos conversado, ya sabíamos que no estaríamos de acuerdo como ICBF con una rebaja de penas por delatar, sabemos que también hay un marco de impunidad muy grande", sostuvo Cáceres.
Añadió que "lo que buscaba el Ministerio de Justicia era lograr una mejor judicialización, porque en estos casos es muy importante la judicialización y el marco de impunidad es grande”.
La funcionaria señaló que en esta discusión es importante aclarar que no estaba de acuerdo con este artículo al tener al tener un concepto diferente de lo que debe ser una judicialización.
“Frente a la judicialización yo tengo una posición y es que podemos judicializar y encerrar más, pero los asesinos y los que vienen por ese camino nunca piensan en la pena que van a pagar", indicó la directora del Bienestar Familiar.
En su explicación, precisó que los agresores de niñas y niños "siempre son personas producto de un sistema que todo se puede utilizar para el placer o que se puede asesinar, ellos nunca piensan en el castigo; están pensando en el placer inmediato por lo que se tiene que buscar otras medidas complementarias”.
Apuntó que el diálogo puede ser una herramienta importante en las familias y las comunidades.
“Tener la sanción es necesario y parte de la justicia, pero no es la salida como sociedad. Se tiene que replantear los diálogos en la familia como en las comunidades frente a nuestras propias conductas”, subrayó.
La directora del ICBF señaló que se viene trabajando en diferentes programas de prevención de diferentes tipos de violencia.
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“Generamos dos tipos de servicios, uno especializado a familia cuando tiene crisis y lo pueden pedir en cualquier centro zonal (...) También tenemos unas campañas fuertes masivas pero creemos que el diálogo uno a uno va hacer la diferencia”, sostuvo.
Cáceres afirmó que las cifras siguen siendo preocupantes a nivel nacional, porque un solo caso debe generar alerta.
“En el marco de los 14 millones de niños y niñas que tenemos en protección, el registro es de 71 casos de procesos de restablecimientos de derechos. Sabemos que muchos niños no acuden a este sistema de restablecimiento de derechos que mucha gente no confía en el Estado por lo que la cifra puede ser superior”, precisó.
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