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La Procuraduría General de la Nación pidió al director de la Unidad Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Suárez Castaño, evaluar la pertinencia de modificar la licencia ambiental del proyecto Hidroituango para incluir los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, en el área de influencia que permita ordenar el proceso de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental.
Al respecto, Gustavo Guerrero, delegado ambiental de la Procuraduría General de la Nación, señaló que las medidas de manejo de la contingencia se están convirtiendo en medidas recurrentes que ameritan incorporarse en la licencia.
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"Son muchísimas las medidas a las que se les viene haciendo seguimiento de manera permanente como parte de un plan de contingencia, realmente, deberían estar incorporadas a juicio de la procuraduría dentro del instrumento de manejo ambiental que es el plan de manejo ambiental aprobado en la licencia", explicó.
En la licencia ambiental vigente, se determina que los municipios que están dentro de la zona de influencia son: Ituango, Buriticá, Peque, Liborina, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga, Briceño, Olaya, Yarumal y Valdia, pero por la extensión de las afectaciones generadas tras la emergencia en 2018, y con el cierre de las compuertas de captación de la casa de máquinas en 2019, el ente de control ve necesario la inclusión de los otros cuatro municipios.
En el comunicado emitido por la Procuraduría advierten que “este tema no puede convertirse en un mecanismo permanente, indefinido y abierto para amparar ajustes y modificaciones al proyecto”.
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"El seguimiento que hace la Anla al proyecto es una labor permanente y constante que se hace de manera simultánea a las fases en las que está previsto según cronograma el proyecto, construcción y operación, por lo que la entrada en operación no tendría porque verse afectada", precisó Guerrero.
