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En agosto del año pasad la entonces ministra de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Karen Abudinen, estuvo en el centro de la polémica por el escándalo de presunta corrupción que comprometen 70.000 millones de pesos de anticipo para la ejecución de un contrato.
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Precisamente, esta semana el Juzgado 59 penal circuito de Bogotá le negó a la exministra de las TIC ser reconocida como víctima en el proceso que se le adelanta por el caso del billonario contrato de Centros Poblados, al considerar que no acreditó haber sido afectada tras el escándalo.
Y es que durante la audiencia, Abudinen dio a conocer los motivos por la que se considera víctima del escándalo, a pesar de que muchos colombianos la consideran una de las principales responsables.
En ese sentido, la exministra dijo que miembros de su familia han sido acusados de apropiarse de los $70 mil millones que eran para llevar internet a zonas apartadas del país. Se trata de un sobrino suyo, a quien dijo que considera como un hijo, a quien según indicó lo molestan diciéndole que su tía es responsable de este millonario desfalco.
"Si este hecho criminal no se hubiera dado yo no estaría pasando por estas cargas profesionales, personales y afectivas. Yo he estado 15 años en el sector público y nunca he tenido ni una tacha administrativa, disciplinaria o fiscal, y mucho menos un proceso penal", dijo Abudinen, quien además reconoció que "he tenido que ir al psicólogo, pasé toda la situación de mi madre, que falleció por cuenta del covid-19 en medio de esta situación".
Finalmente, argumentó por qué cree que debe ser reconocida como víctima a pesar de los muchas otras personas piensan: "Mi condición de víctima se trata porque me hicieron un daño real, concreto, visible, inclusive las redes sociales al día de hoy no paran de presionar por una situación que jamás he cometido, ni podía saber que esa Unión Temporal tenía ese entramado en contra de la administración pública".
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Cabe recordar que en su momento Karen Abudinen, anunció que se interpusieron tres acciones administrativas contra la Unión Temporal Centros Poblados para tratar de recuperar los 70 mil millones de pesos.
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