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La Contraloría General de la República informó que, producto de una auditoría realizada a los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la Región Pacífico, para las vigencias 2022, 2023 y contratos no liquidados de vigencias anteriores, se determinó una incidencia fiscal en cuantía de $14.600 millones.
De acuerdo con la Contraloría, se evidenciaron 45 hallazgos administrativos, seis de ellos con incidencia fiscal, 35 de carácter disciplinario, uno con presunta connotación penal y uno para para apertura de Indagación Preliminar.
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“La Auditoria de Cumplimiento tuvo como objetivo general, evaluar la gestión fiscal adelantada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los gestores del Plan Departamental de Agua, los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como los contratistas e interventores, en relación con los procesos de contratación”, dijo el organismo de control.
El valor total auditado en esta actuación de control fiscal fue de $162.213 millones, dividido en 26 contratos por valor de $135.676 millones, dos proyectos pertenecientes del Programa 'Todos por el Pacifico' por un valor de $17.346 millones, y un concepto de Subsidios SGP APSB por valor de $9.186 millones.
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El organismo de control asegura que se generó un beneficio de auditoría por un valor de $1.624 millones, correspondiente al valor total pagado en el desarrollo del Contrato de Obra con el que se generó la “Contratación de obra y suministro para la optimización del sistema de acueducto Multiveredal Veredas Pueblo Viejo, Pindal, La Guarda y Alto Peñol del municipio del peñol, departamento de Nariño”.
Se determinó que las obras no contaban con conexión de energía eléctrica, por lo cual no se encontraban prestando el servicio para el cual fueron contratadas, pese a que fueron culminadas desde el 27 de septiembre de 2022 y se estaban deteriorando
