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El Comité Intergremiales del Atlántico, que reúne 14 gremios y seis empresas representativas de los sectores productivos, solicitó al presidente de la república, Ivan Duque, intervenir en la grave situación que vive Barranquilla y el departamento, por la insuficiencia en la respuesta de la mayoría de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en la atención de las solicitudes de tomas de muestras para análisis de COVID-19 y en la obtención de los consiguientes resultados.
Ricardo Plata, presidente de Intergremiales, aseguró a través de un comunicado que "estos dos procesos suelen tardar dos semanas o más, lapso mayor al que le toma al virus producir efectos letales en los contagiados vulnerables, pues durante ese crítico período las EPS no reconocen a los pacientes como infectados, ni los tratan ni les hacen el necesario seguimiento".
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La misiva indica que el sistema de Seguridad Social está incumpliendo masivamente con la cobertura de salud al trabajador y con la cobertura económica al empleador, para reconocerle parte del salario perdido.
También, que lo anterior ha forzado a las empresas a seguir pagando salarios de empleados que no pueden trabajar por presentar síntomas de contagio de COVID-19, pero que no tienen la incapacidad laboral y costear directamente pruebas e incluso la atención médica de trabajadores y los medicamentos resultantes, además de seguir cumpliendo con la obligación legal de aportar el régimen contributivo de salud.
"Dichas situaciones ponen en riesgo la vida de los empleados y de sus familias, afectan la productividad, por ausencias injustificadas de personal neurálgico para la operación, y generan elevados sobrecostos", ratificó el presidente de Intergramiales, Ricardo Plata.
El gremio empresarial asegura que se ha propuesto asignar un subsidio especial a los afiliados al régimen contributivo que debido a los controles epidemiológicos no puedan realizar sus trabajos, como una manera de subsanar los gastos que deberían asumir las EPS cuando no existe un diagnóstico confirmado de COVID-19.
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En el comunicado los gremios señalan los costos de dicho subsidio los debería asumir el Estado y no el sector empresarial. Y frente a la situación planteada, que es inobjetable que el disparador de la atención médica, y por ende de la incapacidad respectiva, deben ser los síntomas, la clínica del paciente y no el resultado de los exámenes.
