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Una multimillonaria demanda por 700 millones de dólares, equivalentes a 2,1 billones de pesos, podría poner en jaque al Estado colombiano y a los proyectos de soluciones mineras. En las últimas horas, la multinacional de capital canadiense, Gran Colombia Gold, confirmó que demandará al Estado por esa millonaria cifra, debido a la imposibilidad de adelantar sus proyectos, no solo en Antioquia sino también en Caldas.
El secretario general de la Confederación Nacional de Mineros, Rubén Darío Gómez, reconoció que la demanda está motivada en la invasión de pobladores en sitios donde la multinacional tiene títulos para la extracción de oro, principalmente en Segovia, nordeste de Antioquia y en Marmato, Caldas. Sin embargo, aseguró que la culpa es del Gobierno, pues otorgó las licencias en sitios de minería ancestral.
"Efectivamente tenemos conocimiento desde la Confederación de la intensión de Gran Colombia de demandar al Estado. Lo que pasa es que el Gobierno no le ayudó a resolver de la mejor manera para que en esos sitios de licencias haya la convivencia necesaria con los mineros informales que quedaron por fuera de esos proyectos".
Además de la invasión de los mineros informales, el otro argumento de Gran Colombia Gold es la presencia que ejerce el ELN en el nordeste de Antioquia, en donde la situación de orden público y los numerosos atentados cometidos a comienzos del 2016, habrían impedido que la empresa hiciera uso de sus licencias mineras.
Conalminercol aseguró que el Gobierno nacional no ha promovido la concertación entre la multinacional y los mineros informales. Además, argumentó que en el caso de Marmato, Caldas, hay 78 amparos administrativos que defienden los mineros ancestrales, quienes de manera histórica han hecho presencia en los sitios donde el Gobierno le otorgó licencias a Gran Colombia Gold.
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