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En su paso por Cali, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que esta semana se presentará ante el Congreso el proyecto de ley en el que los privados de la libertad que obtengan el beneficio de detención en sus domicilios tendrán que pagar, de acuerdo a sus condiciones económicas, el uso del brazalete o dispositivo electrónico.
Esto debido a que un gran porcentaje de delitos que se están cometiendo a nivel nacional, tienen como protagonistas a hombres y mujeres con antecedentes penales que ya han estado en prisión y bajo este nuevo mecanismo, se espera cambiar la forma de vigilar a estas personas.
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“Hemos detectado falencias es por esta razón que, desde el Ministerio de Justicia, hemos expedido el decreto correspondiente para los brazaletes electrónicos, lo que buscamos es que el interno o sus familiares paguen este dispositivo y también se hará una licitación pública en los próximos días por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, donde podrán participar todas las empresas de tecnología del país, para empezar aplicar las últimas técnicas y así evitar que estas personas que tengan casa por cárcel puedan andar como pedro por su casa andando en la calle”, señaló el ministro.
De esta manera, se busca reducir el número de atracos callejeros, además, está medida estaría acompañada de un drástico cambio en el sistema judicial, para evitar que los reincidentes sigan haciendo de las suyas en las calles.
“La ley actual es muy permisiva y los jueces de la República están actuando con base en ella, aquí no es culpa de los jueces y por eso le queremos dar mayores herramientas para que así sea la primera vez que una persona comete un delito como hurto siempre, no salga a las calles nuevamente”, agregó Ruiz.
El recluso no podrá hacer transferencia o traspaso de la propiedad del dispositivo y el mismo deberá garantizar la adecuada utilización y custodia del dispositivo electrónico.
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Finalmente, el ministro Ruiz manifestó que para descongestionar las cárceles del Valle del Cauca ha enviado 3.178 internos a otras prisiones de mediana y alta seguridad del país.
