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El presidente de la República anunció un plan integral para el Catatumbo que incluye la erradicación voluntaria de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el pago del 90 % del salario mínimo a los campesinos que abandonen la siembra de coca y un proceso de paz paralelo en la región. La estrategia fue detallada por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en una entrevista con La FM de RCN, donde explicó los principales componentes del programa.
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Miranda señaló que el plan consta de dos fases fundamentales: el pago directo a los campesinos y la implementación de una nueva economía productiva. "El primer componente es el pago por la erradicación, que será de 1.280.000 pesos mensuales durante un año, con el objetivo de asegurar la eliminación de los cultivos y garantizar un sustento mientras se desarrollan nuevas actividades agrícolas", indicó. Añadió que, a diferencia de programas anteriores, este modelo no solo busca sustituir cultivos, sino transformar por completo la economía de la región mediante la agroindustrialización y la comercialización efectiva de productos como yuca, cacao y café.
Gobierno anuncia plan de erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo con pago a campesinos y sustitución económica
Consultada sobre los desafíos del plan y las críticas a iniciativas similares en el pasado, Miranda destacó que esta estrategia minimiza los riesgos al enfocarse en la organización productiva y el encadenamiento comercial. "No solo se trata de quitar un cultivo y poner otro. Estamos garantizando el procesamiento y la venta de los nuevos productos para evitar que los campesinos se queden con cultivos legales sin mercado", afirmó. También aclaró que los recursos provendrán de una asignación de 362.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, financiados por impuestos transitorios.
Ante las inquietudes sobre una posible contradicción entre la erradicación de cultivos ilícitos y la propuesta presidencial de legalizar la hoja de coca, Miranda sostuvo que ambas estrategias tienen un mismo propósito. "El problema no es la planta de coca en sí, sino su uso ilícito. Si logramos darle un enfoque distinto, como en la producción de fertilizantes o productos nutracéuticos, podremos desligar a los campesinos del narcotráfico y generar una economía legal", explicó.
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El programa enfrenta grandes retos, especialmente en una zona afectada por la presencia de grupos armados y economías ilegales. No obstante, Miranda aseguró que la estrategia se implementará en coordinación con el sector defensa y con el respaldo de la comunidad campesina, que ha manifestado su disposición al cambio. "Muchos campesinos han levantado la mano para decir: ‘Nosotros queremos cambiar’. La crisis en el Catatumbo ha evidenciado que la violencia y el desplazamiento están ligados al narcotráfico, y ellos buscan una alternativa real", concluyó.
