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La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la presión laboral y psicológica de la que fue víctima la periodista Gina Rojas por parte de las directivas del periódico Extra de Boyacá, al negarse a publicar noticias en las que se resaltara la gestión del gobernador, Carlos Andrés Amaya, dejando de lado información contraria contra su administración.
Pedro Vaca, director de la FLIP, calificó de grave el hecho para la democracia en el departamento e indicó que el periódico no ofrece garantías para el cubrimiento equilibrado de la información de la cual se nutren los lectores boyacenses.
El malestar en las directivas del diario se habría generado tras una entrevista al precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, quien respondió a la pregunta de Rojas sobre cómo analizaba la gestión del gobernador de Boyacá así: "malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción".
Después de la publicación iniciaron las presiones, según Rojas: "el día 19 de julio recibí un memorando en el cuál me señalaban lo siguiente: se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya R. porque estamos convencidos de la capacidad, inteligencia y profesionalismo de llevar adelante el departamento para un mañana mejor de los boyacenses, por lo tanto, debe salir una noticia semanal, de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación".
Vaca aseguró que el diario se apartó de los valores de la independencia e indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto expresó: "es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca".
La FLIP emitió además un comunicado a la opinión pública sobre el caso que es recurrente en otras partes del país.
"Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa (...) la primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la 'ayuda total y directa al Gobernador', como reza el memorando".
Por su parte, el gobernador Carlos Andrés Amaya emitió un comunicado afirmando que no tiene injerencia en este caso y que rechaza cualquier acto que vulnere la libertad de prensa.
