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El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc aseguró que entregó a la comisión de monitoreo y verificación de la ONU un informe completo de sus bienes y activos de la extinta organización guerrillera y advirtió que por las condiciones del conflicto armado, “no ha contado con registros oficiales de bienes adscritos a la financiación, desarrollo y mantenimiento de la rebelión”.
La semana pasada, el fiscal Néstor Humberto Martínez, entregóa la JEP el quinto informesobre los dineros que acumularon las Farc durante la guerra que libraron contra el Estado, en el cual concluye que estos bienes son imposibles de cuantificar y que muchos no fueron reportados por ese grupo tras su desmovilización.
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En un comunicado titulado: “Precisiones al quinto informe de la Fiscalía colombiana a la JEP”, en el punto de Estrategia de Persecución de Bienes, el movimiento político de la Farc, argumenta que además de las condiciones en las que se desarrolló la guerra, hay que considerar “que en operaciones militares han sido incautados computadores y otros registros donde se incluían inventariosde bienes, es imposible aportar datos completos de la totalidad de los bienes relacionados en dichosarchivos incautados”.
Advierten que dicha información incluida en los computadores ya se encuentra en distintas instituciones del Estado,“por lo que el compromiso de información también se ha cumplido ”.
Sobre el punto 1: Ingresos por renta Ilícita, en lo que respecta a secuestros, la Farc precisó que no todos los secuestros o retenciones, atribuidos a ellos, fueron obra de esa guerrilla “y eso queremos establecerlo en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, hubo casos cometidos por particulares, empresarios, narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado”.
En cuanto a las extorsiones, el Consejo Político Nacional de las Farc, aseguró que “tenían parámetros sobre en qué condiciones se podían exigir pagos a personas naturales o jurídicas que ejercieran explotación económica en los territorios”.
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Acota que esos recursos en ocasiones eran invertidos en las mismas comunidades para suplir ausencia del Estado, como escuelas, carreteras y caminos. “Evidenciado en el inventario entregado a las autoridades en agosto de 2017, donde no obstante no todas las obras quedaron relacionadas. La Fiscalía no las relaciona en sus investigaciones”, subraya el comunicado.
En lo que toca con el narcotráfico, los dirigentes de la Farc, dicen que siempre “han reconocido el impuesto al gramaje a los narcotraficantes que operaban en zonas bajo su control, sin embargo la organización nunca cohonestó con el narcotráfico pues implica una filosofía muy diferente a sus ideales”.
Agregan, que siempre se hicieron propuestas para acabar con este flagelo pero el Gobierno no ha hecho lo suficiente e incluso quiere acabar con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS.
En lo relacionado con la minería ilegal, el comunicado de la Farc indica que “era una práctica obligada en los territorios siendo de las pocas opciones de economía en las zonas rurales ante la inexistencia de una reforma rural integral”.
El informe de la Fiscalía a la JEP relaciona bienes que no habrían sido declarados por las extintas Farc, por valor de dosbillones de pesos. El Consejo Político responde que “lo anterior no es procedente por lo arriba explicado. Pero en todo caso dichos bienes, en caso de existir, deberán ser identificados y declarados por la Fiscalía para reincorporarlos al fondo de reparación para las víctimas”.
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De otro lado, el partido de la Farc, recalca que hubo falsos positivos “orquestados por la Fiscalía como el caso de Supercundi y Merkaandrea dirigidos a afectar el acuerdo de paz y a reconocidos líderes de la organización”.
Así mismo, en el comunicado, recuerdan que advirtieron en su momento a las autoridades la necesidad de tomar posesión de los bienes y valores consignados , pero no se hizo con su respectivo deterioro y hurto. “Reiteramos llamado a que las autoridades tomen custodia de los bienes que a la fecha siguen por fuera del control del Estado”.
Finalmente, reiteran que “versa un conflicto de competencias entre la JEP y la Fiscalía General ante la Corte Constitucional respecto a los bienes incautados a las FARC" e instan a la Fiscalía “a darle pleno reconocimiento a la JEP y acatar integralmente todos los requerimientos del Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ”.
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