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La Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por la emergencia y crisis que se desató en el proyecto Hidroeléctrico Ituango.
El ente de control señaló que ha encontrado argumentos suficientes en las auditorías realizadas en los meses anteriores por funcionarios de la entidad para iniciar este proceso, teniendo en cuenta que se habría dado un detrimento al patrimonio público.
Al proceso fueron vinculados Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, quienes en su momento estuvieron a cargo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia.
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Igualmente, en el proceso está involucrado Juan Esteban Calle, quien fue gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y también varios contratistas que ejecutaron el proyecto, que debía iniciar su operación en 2020.
El proceso fue iniciado oficialmente el pasado 8 de noviembre y en él se revisará lo sucedido con más de cuatro billones de pesos, que salieron de las arcas del departamento de Antioquia.
Para el organismo de control, en el megaproyecto hubo daños generados por fallas en planeación y ejecución, lo que terminó generando la emergencia en la represa de Hidroituango.
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Además, la no entrada en operación de la Hidroeléctrica Ituango en la fecha establecida, generó un detrimento patrimonial que llega a los 1,1 billones de pesos.
Así mismo, las mayores inversiones que se han tenido que hacer en el proyecto por la emergencia presentada, dejó un daño fiscal de 2,9 billones de pesos.
Finalmente,el organismo de control señaló que la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas generó pérdidas por 839 mil 454 millones de pesos, a lo que se suman los daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales.
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