Experto dice que drones deben respetar intimidad, derechos humanos y DIH

RCN Radio habló con Jean Carlo Mejía, experto en derecho de la inteligencia y la seguridad nacional y profesor investigador de la Universidad Militar Nueva Granada, respecto al límite que debería tener el uso de drones frente a la privacidad de las personas.

Esto, a propósito de la denuncia de la Comisión Colombiana de Juristas de haber visto un dron que se asomó en la ventana del lugar donde se reunían en Bogotá con defensores de derechos humanos. Humberto de la Calle también confirmó haber visto, por tercera vez, un dron en su ventana.

Jean Carlo Mejía asegura que si bien Colombia es uno de los países que más regulaciones tiene para diversas actividades, en el tema de los drones es el que menos tiene.

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Explica que generalmente las actividades de inteligencia y contrainteligencia que involucran uso de tecnologías tratan de ser lo menos visibles posible.

No obstante, "en Colombia están reguladas por una ley estatutaria, que son aquellas que buscan preservar por encima de cualquier cosa los derechos humanos", así que "me parece necesario que se abra una investigación si las personas creen que están siendo afectados en sus derechos fundamentales".

Pero Jean Carlo insiste en que las actividades de inteligencia se hacen con sigilo. Lo cierto es que cuando surgieron los casos relacionados con las presuntas interceptaciones telefónicas, "nosotros manifestamos que no se debe subestimar cualquier tipo de denuncia o queja que se presente ante la Fiscalía, pero también la ley de inteligencia y contrainteligencia tiene unos mecanismos de inspección, unos creados internamente y otros a nivel de otras ramas del poder público".

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Reconoce el experto que el asunto de los drones es aun difícil de manejar: "Es algo bien preocupante porque se está utilizando la tecnología para invadir la intimidad de las personas; está violando también el espacio aéreo; todo el mundo está utilizando drones y no sabemos con qué fin se hace".

Además, Jean Carlo señala que el uso de estos artefactos debe darse poniendo por encima los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entendiendo además el contexto de conflicto armado en Colombia.