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Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró que el excomandante de las Farc, Jorge Enrique Corredor, conocido como Wilson Saavedra y quien se había acogido al Acuerdo de Paz, renunció a su esquema de seguridad en agosto de 2018, al manifestar que estaba retirado de la actividad política.
Según González, "esto no justifica que suceda un asesinato, que suceda un acto contra un grupo que se ha desmovilizado y que el gobierno está interesado en que este proceso sea exitoso y que continúe correctamente", dijo.
Corredor González estaba en el establecimiento Rancho Panorama, a un lado de la Vía Panamericana que comunica a Cali con Bogotá, cuando le dispararon desde una motocicleta.
Fue conducido con vida a un centro asistencial de Tulúa, donde minutos después murió. El exguerrillero hacía parte del proceso de paz en la zona rural del municipio, en el sector de La Moralia y Venus, y en la actualidad adelantaba un proyecto productivo agrario con la comunidad campesina y excombatientes.
El funcionario aclaró que el manejo de los esquemas de seguridad con el Partido Farc se hace de manera concertada con ellos, por tanto "los procesos que se hacen, siempre cuentan con la participación de ellos" y dijo que para la UNP "resulta imposible darles protección a todos", por ello se establecen los casos que se deben priorizar.
De otro lado Pablo Elías González señaló que actualmente en Colombia hay cerca de 4.500 líderes sociales protegidos en todo el país, "que es una cifra muy pequeña en relación con el número de líderes que existen en el país" y por ejemplo, en el caso del Partido Farc, "hemos sido 100% efectivos porque ninguno de los protegidos ha muerto".
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Reiteró que la mayoría de casos de asesinatos de líderes sociales no tenían protección "y además no tienen ni siquiera información de amenazas porque no las habían puesto en conocimiento de las autoridades", sostuvo.
González señaló que actualmente la UNP tiene alrededor de 5.400 escoltas tercerizados (mediante empresas que prestan este servicio) más un promedio de 1.600 que están contratado directamente con la la Unidad Nacional de Protección y dijo que le preocupan los niveles de violencia "porque en la medida que suban pues van a subir también los requerimientos", añadió.
Las autoridades de Tulúa se encuentran investigando los móviles de este atentado y varios integrantes del comité de paz del Valle del Cauca se desplazaron hacia esta zona para reclamar garantías para los excombatientes.
