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Por estos días uno de los temas coyunturales en el país es la expedición de pasaportes y frente a ello, en la tarde del pasado 13 de septiembre la Cancillería anunció su decisión de declarar desierta la licitación para la realización de dicho trámite.
De acuerdo con la información de la entidad del Estado, el contrato tenía como presupuesto cerca de 599.000 millones de pesos y su adjudicación ha sido suspendida tres veces. La última disputa que se dio en este proceso fue el pasado 5 de septiembre cuando el canciller Álvaro Leyva solicitó un plaza para validar documentos, demandas y riesgos legales para tomar un decisión.
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Si bien es importante mencionar que la única firma licitante es el Grupo Thomas Greg & Sons y el Grupo Thales de Francia, la cual desde el año 2006 viene expidiendo los pasaportes en Colombia.
Sin embargo, la preocupación radicada por las recientes denuncias sobre un posible favorecimiento de la entidad del estado a la firma Thomas Greg & Sons, puesto que al parecer no se habría tenido en cuenta otros empresas interesadas.
“Se presenta un único oferente que, ante las diversas observaciones de los demás eventuales proponentes –en caso de que se adjudicara– se violan los principios de igualdad, trato y oportunidades de los oferentes o proponentes, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetivo y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal”, señaló Álvaro Leyva.
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Ahora bien, el no contar con una empresa encargada de la ejecución de este documento puede generar caos, pues según información solo habría disponibilidad de pasaportes hasta el próximo 30 de septiembre.
Por otra parte, para las colombianos que se encuentran fuera del territorio el panorama es preocupante, ya que de acuerdo con abogado de la Unión Temporal Pasaportes 2023 -de la que hace parte Thomas Greg & Son-, Juan Pablo Estrada, el plazo sería hasta el 2 de octubre.
Así las cosas, el ministro de Relaciones Internacional ante la polémica dio un parte de tranquilidad al indicar que declarará la Urgencia Manifiesta con el objetivo de afectar la expedición del documento. Esta según el Estado se da "cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos"
“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993″, indicó el alto funcionario.
