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Ante los anuncios del Gobierno Nacional de reactivar la erradicación de los cultivos de coca en varios municipios de la zona del Catatumbo, al detectarse su crecimiento, los alcaldes y líderes sociales rechazaron esa disposición.
Es el caso del alcalde del municipio de Hacarí, Deiby Bayona, quien dijo que: "Estamos muy preocupados con la erradicación porque siempre que se ejecuta se reanudan los problemas de orden público, ya se registró una acción violenta contra la Fuerza Pública en la vereda Monte Tarra, allí se vieron afectadas las viviendas de varias familias campesinas de la localidad por los disparos de arma de fuego en la zona".
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Ante lo sucedido, el alcalde dijo que ya se envió una comisión de la Personería del municipio, para investigar las denuncias de la población, por tal razón solicitó al Gobierno Nacional, un diálogo con las comunidades campesinas y teme el desplazamiento masivo de familias, quienes están inconformes por el no cumplimiento del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Mientras que el alcalde de El Tarra Yahir Díaz dijo a RCN Radio que: "Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional en la zona del Catatumbo, pero se requiere de mayor inversión porque la erradicación empeora el panorama de miles de familias que viven de los cultivos de coca, cuando aún no existen otras alternativas económicas en la región".
Así mismo, el alcalde del municipio de Teorama, Robinson Salazar, dijo que "Estamos muy preocupados los alcaldes del Catatumbo porque la aspersión terrestre con glifosato, podría originar desplazamiento de familias en plena pandemia e incrementos de contagios, a esto se suman acciones violentas por lo que se debe concertar con la comunidad y a su vez se requiere de la ejecución de proyectos productivos".
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Igualmente, Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat ) dijo a RCN Radio que: "De nuevo se muestra la falta de compromiso con la zona del Catatumbo, en donde por décadas se ha sentido la ausencia del Estado, en materia de vías, educación, salud y proyectos productivos en donde se requiere de un pago digno de su cosecha, legalización de tierras y una verdadera reforma agraria en beneficio de las comunidades campesinas.
De acuerdo al monitoreo realizado por la ONU, 41.711 hectáreas durante el 2.019 con un 24% más, lo hace principal objetivo del Gobierno Nacional para lograr su erradicación, reconociendo el aumento en el 2.020.
Según las autoridades al revisar las cifras de los cultivos de coca, también han crecido en los dos resguardos indígenas que están ubicados en el parque Catatumbo, Barí.
De las 1.448 hectáreas cultivadas en 2019, 411 están en el resguardo Motilón Barí y 43 en el resguardo Gabarra - Catalaura, para un total de 454 hectáreas con coca y un aumento del 66 por ciento en relación al 2018, según datos publicados por el SIMCI, Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.
