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Después de una audiencia de casi dos horas, el Consejo de Estado no tomó decisiones definitivas frente a la segunda inhabilidad de 14 años que le interpuso la Procuraduría a la excongresista Piedad Córdoba, por aparentemente haber financiado la campaña del entonces representante a la Cámara Ricardo Antonio Montenegro, con 25 millones de pesos sin el aval de su partido.
La sección segunda del Consejo de Estado, determinó que hará una revisión en materia probatoria y que por ello no emitirá, por ahora, una decisión.
Por su parte, la defensa de Piedad Córdoba señaló, que el procurador erró en interponer una demanda en contra de un congresista, ya que esto debe hacerlo directamente el Consejo de Estado, según lo dicta la Constitución.
“Se violó el debido proceso porque tomaron una causal de pérdida de investidura y aquí aplicaron un procedimiento disciplinario ordinario, cuando la causal de perdida de investidura tiene un procedimiento por la ley en el Consejo de Estado”.
Para el abogado Roberto salgado hubo una persecución por parte del procurador porque “él ha debido presentar la demanda al Consejo de Estado y no hacerlo por su propia mano”, señaló.
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