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Los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, determinaron conformar una nueva comisión accidental para estudiar nuevamente los nombres de los 20 finalistas para la elección del contralor general de la República y de esta manera barajar de nuevo el listado final de 10 de candidatos.
La decisión fue defendida por la mesa directiva, que aseguró que esta determinación se da con base en los fallos judiciales que ordenaron respetar los criterios de equidad de género e idoneidad para ocupar ese cargo.
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Sin embargo, esta actuación de Barreras y de Racero ha generado mucha controversia y muchos han advertido que podrían estar incluyendo en algún delito penal y en una “extralimitación de funciones”.
En las últimas horas se conoció que ya fue radicada la primera denuncia penal en contra de los dirigentes políticos, argumentando que legalmente no podían modificar la lista final de diez elegibles para la Contraloría.
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En el texto de la denuncia se pide iniciar un proceso para determinar si hay “responsabilidades penales respectó del delito de prevaricato por acción, concusión, tráfico de influencias, concierto para delinquir y que consecuencialmente puede generar una pérdida de investidura”.
Se espera que en las próximas horas se conozcan los nombres de los congresistas que integrarán la nueva comisión accidental que estudiará las hojas de vida de los candidatos a contralor general y de esta manera volver a barajar el listado de los diez finalistas.
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Por ahora la fecha de elección del próximo jefe de la Contraloría no ha cambiado y esa designación está prevista para el 18 de agosto. Una semana antes se llevará a acabo una audiencia pública para escuchar a todos los aspirantes.
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